El pasado 22 de Febrero el Consejo de Ministros declaraba el 3 de mayo como el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. La fecha elegida corresponde al día exacto, del año 2008, en el que entró finalmente en vigor el acuerdo alcanzado en dicha convención tras la ratificación de los estados miembros de la ONU, entre ellos España, pasando dicha regulación a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Dicha Convención, aprobada tras un largo proceso el 13 de diciembre de 2006, nace con el objetivo primordial de promover, proteger y asegurar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y libertades.
Las directrices establecidas en este instrumento jurídico se convirtieron en el marco referencial y prescriptor ineludible, en los los países firmantes, de todas las políticas públicas y legislaciones que se lleven a cabo en relación a las personas con discapacidad. En sus artículos se abarcan todos los aspectos personales, sociales y jurídicos que afectan a este colectivo tomando como referencia para su interpretación conceptos tan fundamentales como el respeto de la dignidad inherente y la autonomía de las personas con discapacidad, la no discriminación, la participación, la inclusión, la igualdad y la accesibilidad.
Desde FSIE queremos, no solo celebrar este día conmemorativo, sino reclamar a las administraciones púbicas y agentes políticos que cumplan con su obligación de aplicar las recomendaciones de la Convención a la hora de adoptar medidas efectivas y pertinentes para garantizar que las personas con discapacidad disfruten, con igualdad de oportunidades, de una vida plena y digna, en condiciones que fomenten su autonomía, integración real y participación activa en la sociedad.
En materia de Educación el texto indica claramente que los estados deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad a un proceso de aprendizaje, en todos los niveles, facilitando el acceso a modos de comunicación alternativos, realizando ajustes razonables y capacitando a los profesionales en la educación de personas con discapacidad.
FSIE defiende que para garantizar el derecho a una educación de calidad es imprescindible asegurar la continuidad de los Centros de Educación Especial en los que profesionales cualificados adaptan los recursos y las metodologías a las necesidades del alumnado. Así mismo, recordamos a las administraciones que es necesario incrementar la inversión y la dotación de recursos humanos y materiales tanto en estos centros como en los ordinarios.
Además, en el texto de la Convención se hace referencia a la obligación de los Estados Partes de “promover el ejercicio del derecho al trabajo y adoptar medidas pertinentes” para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad tanto en el sector público como en el privado, velando por sus condiciones salariales y laborales.
Por tanto, FSIE quiere reafirmar su compromiso de seguir trabajando, desde nuestro ámbito de actuación, para lograr el cumplimiento de este cuerpo normativo con el objetivo de crear una sociedad más inclusiva, sostenible e igualitaria en la que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las mismas libertades y derechos alcanzando una inclusión plena a nivel social, laboral, de ocio, y familiar.
