FSIE cuestiona la petición que ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de subir al 21% el IVA para la educación y la sanidad privada, ya que considera que esta decisión perjudicaría enormemente a las familias españolas, los trabajadores y los centros educativos, puesto que ya viven una situación económica bastante complicada ante el aumento del coste de vida.
La ministra de Trabajo y Economía Social ha solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los sectores de la enseñanza y la sanidad privada tributen al 21%, lo que supondría, según la vicepresidenta segunda del Gobierno, un ahorro de unos 3.000 millones de euros para las arcas públicas.
FSIE rechaza esta medida ya que la considera contraproducente, pues, en lugar de lograr el efecto deseado, a medio plazo supondría un perjuicio inmenso para sus trabajadores los ciudadanos y para la viabilidad de los centros. En el caso de la enseñanza, muchas familias verían reducido su poder adquisitivo y se verían abocadas a matricular a sus hijos en otro tipo de centros, provocando en los centros privados el cierre de unidades e incluso de todo el centro. Todo ello ocasionaría la pérdida de muchos puestos de trabajo que dejarían de tributar el IRPF y de ser de ser una fuente más de recaudación para el Estado.
Actualmente, en España, según datos del Ministerio de Educación, FP y Deportes hay 9.800 centros educativos privados y concertados, en los que trabajan más de 210.000 profesionales que atienden a más de 2.2749.603 de alumno. En la etapa universitaria, hay 34 universidades privadas, trabajan más de 21.000 profesionales y 1.722.247 entre grado y ciclo, máster y doctorado.
Según una encuesta realizada este curso por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a más de 1.000 familias, el coste medio de un alumno en un centro privado es de 7.030 euros y de 1.060 euros de un alumno en un centro público, siendo las familias de la Comunidad Madrid y Cataluña las que más pagan.
Sobre cuáles son estos costes, en los centros privados la mayor partida se destina a la matrícula y las cuotas (5.106 euros de media, el 73%), después el comedor (146 euros) y las actividades extraescolares (89 euros de media). También está el gasto de los libros de texto (266 euros de media) y al uniforme de clase o deportivo. Por último, el resto de los gastos corresponden a las excursiones (viajes, visitas culturales), 141 euros a lo largo del año, de media; al material escolar, 106 euros de media; y a las cuotas del AMPA (28 euros).
FSIE advierte que este tipo de medidas que promueve el ministerio de Trabajo y economía Social encabezado por Yolanda Díaz no son las adecuadas si lo que se pretende es conseguir financiación. Sobre todo, cuando afectan a sectores esenciales y tan importantes como son la educación y la salud, puesto que, al dificultar a los ciudadanos el acceso a los mismos, se puede generarse un «efecto rebote», tensionando aún más los centros públicos.
Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, argumenta que «es lícito buscar financiación, pero no a costa de golpear aun más a los centros educativos privados».
Asimismo, FSIE señala que es un nuevo ataque a la libertad de elección de las familias y a la creación de centros educativos, recogidos en el artículo 27 de la Constitución Española.
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