El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) ha aprobado, sin diálogo ni negociación con los representantes del profesorado y titulares de centros como viene siendo habitual, unas medidas que repercuten negativamente en el ya de por sí difícil curso escolar.
Aprobar al inicio de curso que, sin más concreción, se podrá promocionar e incluso obtener la titulación oficial con asignaturas no superadas si así lo consideran las administraciones o incluso los equipos docentes, no ha hecho sino añadir un nuevo problema para los profesionales en el desarrollo de un curso escolar ya de por sí muy complicado. Por un lado, se exige al profesorado que haga un enorme esfuerzo por mantener la máxima normalidad en la educación presencial, y por otro, el Ministerio decide que sea cual sea el trabajo realizado se podría promocionar de curso sin problema. Menos mal que algunas Comunidades, incluso gobernadas por el PSOE, ya han anunciado que no introducirán cambio alguno en estos aspectos.
Lo que se debería haber hecho, entre otras medidas, es garantizar el máximo de éxito posible reduciendo el número de alumnos por aula, autorizando desdobles, contratar mucho más profesorado, adaptar el currículo oficial y reforzar la atención individualizada del alumnado con dificultades para seguir el curso presencialmente. Esto se tenía que haber trabajado en serio desde marzo. Pero eso no toca ni interesa.
El Gobierno y el MEyFP suman a su falta de liderazgo una clara dejación de sus funciones y competencias endosándoselas a las administraciones autonómicas e incluso a los centros educativos. El art. 149.30 de la Constitución establece que es competencia exclusiva del Gobierno la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Y la regulación consiste en decir que los demás hagan y decidan lo que consideren. Habrá diferentes requisitos en las autonomías para repetir curso o para obtener el mismo título oficial. El Gobierno contribuye de manera decisiva a la desvertebración del sistema educativo del país y al aumento de las diferencias territoriales.
La contratación de profesorado sin el requisito indispensable de la realización del Master es otro ejemplo de improvisación. En mayo, la Ministra Celaá decía que “no se podría tener más de 15 alumnos por clase y que no se volvería a estar todos juntos con normalidad en el aula hasta que hubiera una vacuna”. Y es ahora a finales de septiembre cuando se da cuenta de que no hay profesorado suficiente para contratar y eso que no se ha bajado la ratio a 15 alumnos por aula en ningún sitio. Además de la falta de reconocimiento que todo esto supone para la profesión docente, parece que se está lejos de la previsión, del trabajo riguroso y del conocimiento profundo del sistema y los recursos que tiene.
Terminamos la semana pasada con el anuncio de un posible incremento del IVA al 21% para la educación privada no universitaria y universitaria. La educación es un servicio público declarado esencial y por lo tanto exento de esta tributación. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha informado que esta medida provocará un traslado de alumnado a la enseñanza pública, incrementando los costes educativos por encima de lo que se pueda recaudar con este impuesto. Se pone de manifiesto, una vez más, que esta decisión responde a intereses ideológicos para eliminar tanto la enseñanza concertada como privada e imponer a todos los ciudadanos un solo sistema educativo público. Muy en la línea del Proyecto de LOMLOE y las enmiendas que se han presentado a su debate parlamentario.
FSIE rechaza las decisiones y propuestas del Gobierno, reclama diálogo y negociación con los agentes sociales al que parece tener aversión el MEyFP y que el Gobierno abandone su inquina y obcecación contra la enseñanza concertada y privada que no son parte del problema de la educación sino de su solución. Lo que están haciendo, además de deteriorar aún más el sistema educativo y situar en delicada posición a todos los profesionales que en él trabajan, es poner en peligro miles de puestos de trabajo y restringir libertades y derechos constitucionales.
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