El dictamen de Políticas sociales y sistema de cuidados, en el que se incluían las propuestas sobre educación, ha sido rechazado con 172 votos a favor, 175 en contra y 1 abstención
El intento del Gobierno de excluir a la enseñanza concertada de las ayudas para la reconstrucción por los efectos de la COVID-19 y de aprovechar los pactos para restringir derechos fundamentales de padres, profesores y centros, ha provocado el rechazo mayoritario del Congreso. Las organizaciones de la enseñanza concertada se alegran del resultado de esta votación, que supone la oposición del Congreso a las políticas educativas de un Gobierno que mantiene su campaña de ataque permanente a las familias que eligen los centros concertados.
El documento presentado por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país discriminaba a los alumnos y a las familias que eligen la enseñanza concertada, a sus trabajadores y a los propios centros, excluyéndolos inicialmente de las ayudas para la reconstrucción y marcando una línea política, sin ninguna relación con la crisis sanitaria, conducente a la desaparición de la enseñanza concertada.
La oportunidad que supone un Plan para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la pandemia por la COVID-19 debería servir para que nuestro país saliera fortalecido de esta crisis gracias a las propuestas de apoyo y ayuda social a los más desfavorecidos, que también están escolarizados en los centros concertados. Sin embargo, se han intentado aprovechar estas difíciles circunstancias para introducir cuestiones ideológicas en el ámbito educativo que con toda seguridad luego se consolidarán en la futura LOMLOE.
La unión de todas las organizaciones de la concertada y el sentido democrático de la mayoría de los ciudadanos y de los partidos que se han opuesto a este intento discriminador, han sido cruciales en esta histórica votación, que ha supuesto un sonoro varapalo para el Ejecutivo y su política excluyente y segregadora. La Plataforma Concertados espera que el Gobierno tome nota de este sentir y que la futura Ley Celaá no vulnere libertades fundamentales. La Plataforma seguirá poniendo todos los medios a su alcance para contribuir a que esto no suceda y para que las ayudas de cualquier tipo no discriminen a nadie por razones ideológicas.
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