El Sindicato había exigido criterios claros y homogéneos y se han acordado “propuestas” que podrán o no llevar a efecto las Comunidades Autónomas incrementando las desigualdades en el sistema educativo.
La situación excepcional que vivimos y que ha afectado al desarrollo normal del curso escolar requería por parte del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas, tal y como ya solicitó FSIE el pasado lunes, acordar una serie de medidas y criterios claros y homogéneos para todo el Estado con relación al final de curso y preparación del siguiente.
Lejos de haber alcanzado un consenso y de establecer unas directrices concretas que dieran tranquilidad a la comunidad educativa, estamos en la peor de las situaciones. Hay un documento que, lejos de clarificar la situación y establecer decisiones comunes sobre los principales temas que preocupan a los profesionales, alumnado y familias, es una enumeración de propuestas o sugerencias que las administraciones podrán o no llevar a efecto. Incluso entre aquellas que sí las apliquen, lo podrán hacer de forma distinta. Tampoco existe la presunta unanimidad que el Ministerio trasladó al final de la Conferencia Sectorial ya que hay Comunidades que han manifestado que no se adhieren a este documento por distintas razones.
Llamativo por ejemplo es el hecho de permitir a las Comunidades Autónomas decidir de forma distinta sobre los requisitos para promocionar de curso o para obtener una titulación oficial como es la de graduado en ESO, Bachillerato o FP. Que se pueda promocionar un mismo curso u obtener un título oficial en una Comunidad con dos suspensos y en otra con cinco es aumentar las diferencias territoriales del sistema educativo. También deberían explicar el Ministerio y las Comunidades cómo se va a obtener la titulación oficial con más suspensos de los que ahora mismo permite la vigente Ley Orgánica de Educación. Situaciones como ésta serán abordadas de forma diferente por las Comunidades aumentando las desigualdades territoriales.
No es esto lo que los profesionales, alumnado y familias demandaban de los responsables políticos.
Ni el documento ni el escenario que plantea ayudan en nada a los profesionales a los que expone a una gran presión social, por las decisiones que deben tomar, y a una enorme incertidumbre e inseguridad, incluso legal, sobre cómo deben actuar y qué deben decidir. Las administraciones endosan al profesorado la responsabilidad que les compete a ellas y que no han sabido afrontar.
Para FSIE supone una gran decepción lo escenificado por la Conferencia Sectorial de Educación y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que una vez más no han sido capaces de dar respuesta a las necesidades reales de los profesionales del sector dejándolos solos ante una situación extremadamente compleja e inédita como la que estamos viviendo.
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