El último informe del Comité de la ONU sobre derechos de las personas de discapacidad acusa a España de vulnerar gravemente el derecho a la «educación inclusiva». Este informe se muestra muy crítico con la actual situación española, expresa su preocupación por la continuidad del modelo de Educación Especial en España y aboga, entre otras cuestiones, por la total desaparición de estos centros, que tacha de «segregadores».
FSIE se reitera en el posicionamiento de su Secretariado Federal de octubre de 2019 y manifiesta que:
- La escolarización en centros de educación especial o el desarrollo de estos de funciones adicionales conforme a lo establecido por la LOE como centros de referencia y de apoyo para los centros ordinarios o la existencia de unidades especificas dentro de los centros ordinarios, no son situaciones excluyentes, ni segregadoras, ni discriminatorias de los alumnos que se encuentran escolarizados en dichos centros o en dichas unidades. Los centros de Educación Especial o las unidades específicas no son guetos, son centros educativos, inclusivos, formativos y de atención a personas con discapacidad que nacieron y se desarrollan para dar respuesta a quienes requieren unos altos niveles de apoyo muy especializado que no pueden ser atendidos en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. Nos mostramos contrarios a la derogación o interpretación sesgada de las normas que plantea el Comité de la ONU que venga a suponer la eliminación de los centros de Educación Especial.
- La formación especializada y cualificada de sus profesionales les ayuda a mejorar sus capacidades particulares no solo desde el punto de vista educacional, sino también social, para poder resolver y afrontar sus necesidades integrales consiguiendo avances con y para los alumnos imposibles de conseguir en un centro ordinario dado que se atienden individualmente las circunstancias que presenta el alumnado desarrollando, fomentando y mejorando sus habilidades terapéuticamente en cada una de sus áreas afectadas por su discapacidad.
- El escenario de «inclusión total, exclusiva y de calidad» en centros ordinarios dibujado por el Comité de ONU en el corto/medio plazo es utópico y alejado de muchas de las realidades de personas con discapacidad. La educación de las personas con discapacidad no puede ser un mero análisis apriorístico y estadístico, hay que atender a las circunstancias de cada caso concreto. En los centros de Educación Especial se encuentran personas con múltiples discapacidades que necesitan de mayores periodos de escolarización, de diferente atención, agrupamiento, formación y aprendizaje que no se tienen que corresponder cronológicamente con la organización ni con la estructura curricular de la enseñanza reglada en centros ordinarios.
- FSIE está a favor de la inclusión social del alumnado con discapacidad y la vía mediante la que conseguir este objetivo no ha de ser única. Los centros de Educación Especial en su trabajo terapéutico, además del educativo, juegan un papel fundamental en la adquisición y desarrollo de habilidades y capacidades para esa futura inclusión.
- Los centros de Educación Especial deben permanecer en el sistema educativo y las administraciones públicas deben aumentar la financiación destinada a los mismos mejorando las dotaciones de recursos humanos y materiales desde el punto de vista educativo y sociosanitario.
- El interés del menor y de las personas con discapacidad necesitadas de una especial protección, así como la libertad de los padres a la hora de elegir el tipo de centro que desean para la educación de sus hijos, son principios constitucionales que constituyen un herramienta de equilibrio de las necesidades del alumno y las condiciones y medios disponibles, debiendo primar todo ello sobre cualquier otra consideración o decisión de carácter administrativo. El derecho a la libre elección es un principio fundacional e irrenunciable de FSIE. La misma libertad que defendemos para que las familias puedan elegir un centro específico de Educación Especial la exigimos para aquellos que quieran escolarizarlos en centros ordinarios porque consideren que es lo mejor para el desarrollo de sus hijos. Lo que debe llevar a las administraciones públicas a garantizar a estas familias que el centro que escogen está perfectamente preparado desde el punto de vista profesional y material para educar y conseguir los objetivos de una escolarización ordinaria.
- FSIE es firme partidario de la libertad de elección, de la pluralidad de centros educativos y totalmente contrario a la escolarización por decisión administrativa por encima del interés del menor, de las personas con discapacidad necesitadas de una especial protección y de los padres.
- Los dictámenes y resoluciones de escolarización obtenidas en las evaluaciones psicopedagógicas no suponen una exclusión de los alumnos con discapacidad del sistema ordinario. La administración educativa, de sanidad y de servicios sociales deben ayudar a las familias desde el importante momento de la detección temprana de la discapacidad, su valoración y en el seguimiento da la misma asistiendo, orientando y facilitando toda la información posible para que tomen la mejor decisión para sus hijos. Una decisión que debe y puede ser revisable, evaluando y analizando la situación de forma constante buscando en cada momento la mejor opción.
- El Tribunal Constitucional ha venido a considerar como ajustado a los objetivos de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y a la Constitución el mantenimiento de un doble sistema de Educación General y Especial; puede también reforzar la Educación Especial para escolarizar a los alumnos con discapacidad prohibiendo su denegación por consideraciones exclusivamente financieras; y todo esto no debe impedir valorar las circunstancias del caso concreto y dar la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna.
Reclamamos un análisis sosegado de la realidad de los centros de Educación Especial y también de los centros ordinarios que escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales, donde se tenga en cuenta a las familias y a los profesionales. Un debate sereno, lejos de la política, sin generar inquietud y que lejos de provocar miedo y recelo a las familias les traslade tranquilidad y confianza en que se va a hacer lo mejor para sus hijos. Un debate que, poniendo en el centro del mismo al alumnado, ofrezca soluciones reales a sus necesidades con el objetivo de ofrecerles lo mejor para tener una vida lo más digna y feliz posible.
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