El informe “El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas” de Esade ha aparecido en los medios de comunicación en las últimas horas, criticando que los centros concertados cobran cuotas a las familias. No es el primer año que se filtra este tipo de estudios y que busca desacreditar a la enseñanza concertada.
El problema, la financiación deficitaria que reciben los centros concertados
FSIE es la organización sindical mayoritaria dentro de la enseñanza concertada a nivel nacional. Organización independiente. Sobre esta campaña de descrédito, denunciamos que la financiación que reciben los centros concertados por parte de la administración pública es «deficitaria». Es un hecho reconocido por todas las administraciones públicas, independientemente del color político que las gobierne.
La situación, que se viene prolongando en el tiempo, es consecuencia de la falta de cuantificación del coste real del puesto escolar en la enseñanza concertada durante la aplicación de las diferentes leyes educativas.»El puesto escolar debería de estar más que cuantificado, pero seguimos sin saberlo. Su coste sigue siendo un misterio«, señala Jesús Pueyo, secretario general de FSIE.
FSIE culpa de la situación al Ministerio de Educación al que acusa de «seguir sin constituir, tal como demanda la vigente ley educativa, una comisión en la que participen las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada y concertada, encargada de estudiar la cuantía de los módulos de concierto, que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad. Sus conclusiones se tendrían que incorporar en el plan de incremento del gasto público y servirían para que la financiación de la enseñanza privada concertada dejara de ser deficitaria«.
Por otro lado, el informe de Esade no deja claro si considera o no el total de los gastos de mantenimiento, equipamiento y funcionamiento de los centros, algo imprescindible para clasificar a los centros por su resultado económico. Y, en cualquier caso, solo analiza la situación en cinco Comunidades Autónomas o que no hace extrapolables sus resultados al conjunto del territorio nacional.
Jesús Pueyo indica que durante el período de matriculación de los alumnos en los centros educativos concertados suelen aparecer estudios y artículos de prensa que ponen en duda, recurrentemente, el sistema de conciertos educativos: «Estos estudios no recogen la realidad de los centros de enseñanza concertados y privados y levantan sospechas infundadas sobre la financiación de los mismos al tiempo que ponen en peligro, de modo irresponsable, los puestos de trabajo de miles de trabajadores, docentes y no docentes, que prestan sus servicios los mismos«.
En lugar de poner el foco en las aportaciones a las AMPAS o las donaciones a las fundaciones, que en todo caso son voluntarias, debería ponerse en la financiación insuficiente que reciben los centros concertados por parte de la administración.
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